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Ecologistas en Acción y Zamora Viva acusan al Gobierno de “limitar” el “rigor” de las evaluaciones ambientales

Los Ecologistas en Acción de Zamora y la Plataforma por la Defensa del Territorio Zamora Viva manifestaron su rechazo a la convalidación del Real Decreto-ley 6/2022 que impone el procedimiento de urgencia en la tramitación de las MACRO renovables. Una norma que consideran “pretende sustraer a la ciudadanía el derecho a la información ya la participación”, protegido por el artículo 105 de la Constitución.

Ambas asociaciones consideran que el tratamiento de urgencia “limita la realización de rigurosos estudios de evaluación ambiental, violando el artículo 45 de la Constitución, que recomienda al poder público velar por el uso racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida”. y defender y restaurar el medio ambiente. Asimismo, vulnera el principio de no regresión desde el punto de vista ambiental y vulnera la cesión de competencias a las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, ya que “impone” su mapa de sensibilidad ambiental.

Asimismo, consideran que la vigencia de este Real Decreto-ley dificulta la realización de estudios sobre el impacto de los proyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico, “cuando es deber de los poderes públicos garantizar su conservación y promover su enriquecimiento, en los términos del artículo 46 de la Constitución”.

El Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (“BOE” núm. 76, de 30/03/2022), incluye en en su Capítulo III la eliminación de la tramitación ambiental contemplada en la Ley 21/2013 sobre evaluación ambiental de proyectos de energías renovables de competencia estatal y hasta 75 MW de potencia (para parques eólicos) y 150 MW (para parques solares), sustituyéndola por una “informe determinación de impacto ambiental”. Este documento, equiparable a un EIA (Declaración de Impacto Ambiental) o Informe de Impacto Ambiental, no está obligado a estudiar en detalle la diversidad de impactos que se producirán, y elimina el derecho de los ciudadanos afectados a señalar aquellos no contemplados o subestimados y técnicos. errores

Se recuerda que el Convenio Europeo del Paisaje otorga participación pública a todo lo relacionado con el paisaje, “como elemento fundamental a evaluar en los estudios de impacto ambiental de proyectos públicos y privados”, por lo que Zamora Viva y Ecologistas en Acción de Zamora consideran que el El Convenio del Paisaje es “violado”.

Además, al eliminar la participación ciudadana al inicio del proceso, también se estaría violando el Convenio de Aarhus, del que España es parte. Cabe recordar que los compromisos internacionales y comunitarios exigen la divulgación de amplia información ambiental, como información sobre legislación, sobre el estado del medio ambiente, sobre proyectos, planes y programas o sobre decisiones adoptadas que puedan afectar el medio ambiente.

Las condiciones que establece este Real Decreto-ley 6/2022 para los proyectos potencialmente “exentos” de evaluación de impacto suponen un trámite “exprés” que reduce a la mitad el tiempo de tramitación, pero vulnera la normativa vigente.

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